Del encuentro participaron el presidente del TSJ, Domingo Sesín, y el vocal Luis Eugenio Angulo, junto a legisladores provinciales y representantes del ámbito jurídico local.

Según informó el municipio, durante la reunión se elevó formalmente la solicitud para impulsar las gestiones definitivas que permitan concretar la Ciudad Judicial en el corto plazo. La iniciativa busca dar respuesta a la necesidad de contar con una infraestructura moderna que garantice un mejor acceso a la justicia y condiciones laborales adecuadas, superando las limitaciones del edificio actual.

También formaron parte del encuentro las legisladoras Verónica Navarro Alegre, Karina Bruno y Alfredo Nigro, además de la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi Arballo.

La reunión se enmarca en la continuidad del acta firmada el pasado 20 de febrero por la Comisión Pro-Apoyo de la Ciudad Judicial, donde se ratificó la urgencia del proyecto.

En este sentido, Navarro Alegre calificó el encuentro como “muy fructífero” y destacó que el intendente presentó la documentación correspondiente al predio donado al Poder Judicial, lo que permitirá avanzar en las próximas etapas del proyecto. Además, remarcó la predisposición del TSJ para acompañar la iniciativa, incluyendo la posibilidad de incorporar partidas en el presupuesto provincial 2027.

Por su parte, Bruno subrayó la importancia de la obra, tanto para mejorar la operatividad del sistema judicial como para acompañar el crecimiento de la ciudad: “Se trata de una obra sumamente necesaria, que le dará otro nivel a Villa María”.

El proyecto prevé la construcción de un edificio de gran magnitud, que será desarrollado en dos etapas. Actualmente, se trabaja en la definición de los componentes de cada fase, así como en la planificación presupuestaria y de recursos.

Cabe destacar que la iniciativa ya cuenta con la factibilidad dominial del terreno donado por la firma Muros S.R.L.. El predio, ubicado sobre la ruta 158 en el acceso norte a la ciudad, fue considerado apto por el TSJ para el emplazamiento de un polo administrativo y judicial integrado.