La medida, que había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quedó oficialmente vigente mediante una resolución que aprueba el “Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos”. A través de este mecanismo, el Estado provincial podrá reclamar a los responsables el costo de los operativos desplegados ante este tipo de situaciones.

La normativa busca promover un uso responsable de los recursos públicos, especialmente en casos que implican la intervención de fuerzas policiales, servicios de emergencia y dispositivos logísticos especiales.

Cómo funcionará el procedimiento

El proceso se inicia con la intervención del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que se encarga de identificar a los autores del hecho y, en caso de corresponder, a los adultos responsables.

Luego se avanzará con:

La determinación de los costos operativos de cada intervención.

La elaboración de un expediente con los registros del operativo.

La cuantificación de los gastos asumidos por el Estado.

La intimación al pago en un plazo de cinco días.

Si no se cumple con el pago, se dará intervención a la Fiscalía de Estado de Córdoba para iniciar acciones judiciales de recupero.

Qué gastos se podrán reclamar

El protocolo contempla el recupero de todos los recursos utilizados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuyo despliegue impacta directamente en el presupuesto provincial.

Con esta medida, la Provincia avanza en una política orientada a desalentar falsas amenazas y situaciones de riesgo en el ámbito escolar, estableciendo que quienes las generen deberán asumir las consecuencias económicas de sus actos.