La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el informe cualitativo “Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba”. El documento realiza un diagnóstico profundo de la situación del sector tomando como ventana de análisis el período iniciado en diciembre de 2023 hasta la actualidad.

La investigación, realizada en junio y julio de este año en base a grupos focales y entrevistas en profundidad con los principales actores del sector, concluye que el sistema atraviesa un deterioro paulatino comparable a la inestabilidad de una torre de Jenga, a la cual las omisiones estatales y la asfixia económica le retiran piezas clave.

Según el estudio, más de 400.000 cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes, aunque sólo 127.774 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.

Representaciones de la crisis

El estudio recolectó las vivencias directas de personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas.

El informe documenta un quiebre crítico en la cadena de pagos, con demoras que van desde varios meses hasta un año en el cobro de prestaciones a obras sociales y programas estatales.

A este panorama se suma un fuerte desfasaje del Nomenclador Nacional. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles oficiales aumentaron un 225% promedio, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 336%, marcando una brecha de 111 puntos porcentuales.

Burocracia, pensiones y precarización profesional

En el aspecto burocrático, el informe destaca:

Colapso de turnos: En la Ciudad de Córdoba operan siete hospitales con Juntas Evaluadoras de CUD, registrando demoras de dos a tres meses para la asignación de turnos.

Parálisis en Pensiones: Se constata la suspensión de nuevas altas de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y la implementación de auditorías masivas, percibidas como estrategias de desgaste.

Precarización del Acompañamiento Terapéutico: Al no estar incluido en el nomenclador nacional, el valor de la hora de AT queda supeditado a convenios unilaterales, con aranceles impuestos por las obras sociales.

Éxodo profesional: Las demoras de entre 90 y 180 días en el cobro de honorarios fuerzan a profesionales de la salud y educación a recurrir al pluriempleo o migrar hacia la informalidad y rubros ajenos.

Impacto en hogares y centros

La crisis traslada el costo del desfinanciamiento hacia la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los dispositivos de atención y cuidado:

Personas con discapacidad: Sufren recortes de tratamientos, confinamiento forzado en sus hogares por falta de transporte y la necesidad de recurrir a la judicialización vía amparos para acceder a medicamentos o insumos básicos.

Familias y sobrecarga de género: Las familias asumen de su propio bolsillo el financiamiento particular de terapias. La sobrecarga recae mayoritariamente sobre las mujeres (madres y cuidadoras).

Instituciones: Para evitar la quiebra frente a compromisos fiscales, los centros deben recurrir al endeudamiento bancario, la realización de peñas y sorteos benéficos, y la  reducción de servicios de seguridad y limpieza.

La retirada del Estado Nacional

El informe también caracteriza el accionar del Estado Nacional bajo una doble dinámica. Por omisión, debido a la falta de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud y al incumplimiento de la Ley de Emergencia 27.793.

Y también por acción, a través de la reestructuración de la ex ANDIS en SENADIS bajo el Ministerio de Salud y el vaciamiento de la oficina en Córdoba, cuya oficina  pasó de 12 a solo 4 agentes presenciales, sumado al cierre de la sede en Río Cuarto.

Además, los actores denuncian la construcción de un discurso oficial centrado en la “sospecha de fraude” en los programas de atención y en el acceso a pensiones no contributivas que busca estigmatizar al sector.

En contraposición, los estados subnacionales desplegaron una batería de medidas paliativas, que aunque son valoradas positivamente como auxilio indispensable, los actores advierten que resultan insuficientes frente al déficit estructural acumulado por la Nación.